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Gobierno emulará proceso español para implementar la ciberseguridad. La prioridad es establecer tres iniciativas legislativas para discusión inmediata: definición de infraestructura crítica, la tipificación del delito y protección de datos personales.
SANTIAGO.- El pasado 3 de agosto, el Presidente Sebastián Piñera designó a Jorge Atton como el delegado presidencial para la ciberseguridad. Esto, luego que el 25 de julio fueran afectados los datos de más de 14 mil clientes bancarios en el país, lo que evidenció falencias de la actual institucionalidad. El ex subsecretario de Telecomunicaciones en el primer gobierno del Jefe de Estado junto al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, iniciaron los trabajos para la nueva normativa legal.
En ese contexto, esta semana se reunieron en La Moneda con el secretario general del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), Francisco Pérez Bes, dependiente del Ministerio de Economía de ese país, y se adelantó que se firmará un convenio con esta entidad, que es un referente de la ciberseguridad en Europa. Al respecto, Atton destacó que su plan inmediato es "priorizar la estrategia de implementación de la política de ciberseguridad y, lo más relevante, implementar las acciones correctivas más urgentes", con la colaboración del Incibe. La idea es que el organismo español apoye el envío al Congreso de tres iniciativas de ley prioritarias: definición de la infraestructura crítica, tipificación de los delitos cibernéticos y protección de datos.
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